Colección derecho constitucional nº 1

Con la publicación de libros como éste, el Derecho de Partidos en España puede que empiece a correr mejor suerte. Es cierto que se está devaluando el papel de los partidos como lugar de identificación y, en este sentido, resultan patentes sus insuficiencias funcionales y representativas.
Pero desde un punto de vista jurídico aún queda mucho camino por andar, para una adecuada adaptación del Derecho de Partidos a los esquemas que exige el Estado de Derecho.
Este resbaladizo sector del ordenamiento jurídico debe tornarse más claro que oscuro y a ello contribuye, sin ningún género de dudas, el presente libro que tengo el gusto de prologar.
Como es bien sabido esta tarea no resulta nada fácil, habida cuenta de que los partidos son proclives a extender indefinidamente su campo de acción, salvo cuando se trata de aplicar este afán expansivo sobre ellos mismos. Basta pensar en cuestiones como la financiación o en la deseada reforma de los reglamentos parlamentarios, que fácilmente pasan de ser urgentes para convertirse en pendientes, con riesgo de cronificación.
La autora de este meritorio estudio, Mercedes IGLESIAS BÁREZ, ha sabido captar con rigor las preocupaciones patentes de la Ley 6/2002 de Partidos Políticos. Con un primer vistazo al contenido del índice y de las notas que acompañan al texto del trabajo, uno se puede dar cuenta de la magnitud del mismo. En adelante cualquier análisis de la citada Ley orgánica podrá aprovecharse de la estimable roturación que ha hecho en este terreno, el libro que el lector tiene ahora en sus manos.
Por lo que hace referencia a la cuestión de la constitución y registro de los partidos, se ocupa de analizar los mecanismos de disolución de aquellos partidos que sirven de apoyo político al terrorismo. A su análisis no escapa ninguno de los puntos de la Ley, objeto de estudio, que han exigido una interpretación constitucionalmente conforme por parte del Tribunal Constitucional.
Éste es un libro además que no por ceñirse a la investigación de una experiencia jurisprudencial difícil y complicada, pasa por alto ese cúmulo de aporías, paradojas y limitaciones que acompañan al actual Derecho de Partidos. En este sentido me parece muy atinada su consideración del requisito de la democracia interna de los partidos como una regulación de mínimos. No se le escapa tampoco la desproporción que puede resultar al pasar de una situación real de ausencia de control a otra de disolución del partido mismo, sin solución de continuidad.
En esta obra hay un inteligente esfuerzo por bucear en el fundamento constitucional de la Ley 6/2002, y por tanto en lo que significa el «respeto a las reglas del juego democrático».
Entre toda la literatura vertida sobre la llamada democracia militante se elige una opción que justifica el control de las actividades de los partidos, pero no así su control ideológico, en la línea reconocida también por la STC 48/2002, FJ 7. Esta opción se hace después de una impecable lectura de los numerosísimos materiales doctrinales y jurisprudenciales relativos a los casos estudiados. La autora pone en juego una notable capacidad para moverse en un campo tan movedizo, donde se acostumbra a entrecruzar todo tipo de argumentos de corte dogmático con actuaciones concretas de las distintas vías jurisdiccionales.
Al artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos se le convierte en «viga maestra» que sostiene la citada norma, y su análisis resulta capital dentro de la obra. Su lectura revela la honradez intelectual con la que se ha hecho esta investigación. No hay ninguna pretensión de originalidad ni tampoco intención de apropiarse de las ideas ajenas. En esta misma medida no hay por tanto ningún riesgo de impostura, tan frecuente en estos días de farsa y de escasez de auténticos lectores.
Aquí se han rastreado con rigor las sombras de inconstitucionalidad del mencionado artículo 9, escribiendo un cap