El proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía ha abierto en España una discusión en profundidad sobre la reorganización constitucional del Estado democrático al redefinir las competencias que ejercen estos actores y, en consecuencia, modificar los equilibrios territoriales y políticos que se habían fraguado en los últimos veinticinco años. Punto principal de esta discusión ha sido el reconocimiento explícito y extenso que se ha realizado en los nuevos estatutos de la acción exterior autonómica, que de no figurar, tan siquiera, en las redacciones originales ha pasado a ocupar una posición destacada, cuando no protagonista, en la reforma actual. La participación de las autonomías en la construcción europea y en la propia política exterior española, los acuerdos de dimensión internacional con otros actores, la cooperación al desarrollo, la creación de oficinas de representación exterior, y un largo etcétera de novedades han sido incorporadas a los nuevos estatutos creando así un nuevo marco de expectativas y capacidades que, de forma ineludible, transformará la proyección internacional de nuestro país.