En la presente obra se destaca que las diferencias entre el nuevo juicio cambiario respecto del derogado son más bien de carácter formal. La Ley Cambiaria, en lo esencial, queda vigente. Se analizan la pluralidad ilimitada de titulares del derecho y obligación cambiaria; asimismo, las posibilidades de alegación con éxito y discusión de cada obligado frente al tenedor, apuntándose la doble vía para hacer valer las diversas acciones cambiarias: 1ª) la del proceso monitorio cambiario para la acción cambiaria, 2ª) la declarativa ordinaria para la misma acción cambiaria. El autor llega a la conclusión que si el juicio monitorio cambiario es declarativo plenario, el objeto del mismo y del ordinario sobre la misma cuestión es idéntico.

Explica el proceso monitorio como una reacción a la actitud habitualmente pasiva que adoptan los deudores ante las reclamaciones de los acreedores, tanto fuera como dentro del proceso, consistente en un instrumento, en principio breve, en el que, salvo el pago o que se inicie fase de oposición, que tiene como consecuencia el fin del monitorio y la apertura del ordinario, la concurrencia de ciertos documentos permite lograr que el juez despache ejecución del crédito que documentan, con la importante consecuencia que el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán en proceso ordinario ulterior pretender la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere.

Se analizan igualmente los casos en que procede el juicio cambiario en la nueva LEC, así como el juicio monitorio, el órgano competente, la demanda, su admisión, los efectos, denegación y recursos. Finalmente, se estudian pormenorizadamente la oposición del deudor demandado, así como los motivos de oposición entre los posibles sujetos intervinientes, etc.

En definitiva, este trabajo representa, sin duda, la mejor fórmula para que, en especial el Abogado, pueda solucionar con éxito todos los problemas que puedan suscitársele respecto del nuevo proceso cambiario según la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.