La presente obra analiza de forma sistemática y exhaustiva el conjunto de actividades que ofrece la ley para investigar el patrimonio de la persona sujeta a un proceso de ejecución, según la nueva regulación de la materia contenida en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Con la mira siempre puesta en sacar el máximo jugo de los mecanismos legales, la obra examina la investigación del ejecutante y la investigación judicial, así como la novedosa institución de la manifestación de bienes del ejecutado, de nuevo cuño en nuestro proceso civil.

El análisis se adentra asimismo en las relaciones entre la investigación patrimonial y el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales del ejecutado, y en el examen de aquellos obstáculos que tradicionalmente han impedido una investigación patrimonial amplia y sin limitaciones injustificadas, también en lo relativo a la colaboración de terceros y de la Agencia tributaria.

La rica casuistica de la materia desfila por estas páginas para asegurar que cada una de las soluciones y planteamientos propuestos puedan ser útiles y eficaces en la realidad del foro.