Sobre la Administración local inciden graves contradicciones institucionales que menoscaban los efectivos contenidos de la autonomía local que la Constitución reconoce. En este libro, la profesora Isabel González Ríos, nos ofrece un pormenorizado análisis de los problemas que tienen los Ayuntamientos para gestionar el uso del dominio público municipal tanto por los particulares como por las compañías prestadoras de servicios.

Muchos son los puntos y aspectos que esta monografía muestra sobre las preocupantes disfunciones de nuestro sistema jurídico y todos son objeto de una elaborada propuesta de la autora mediante el diseño de una precisa alternativa. La profesora Isabel González Ríos, aprecia las carencias del marco normativo de los bienes locales, materializado en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y en la correlativa legislación autonómica, que le llevan a estimar la falta de una regulación básica estatal para la utilización de los bienes de dominio público local, que tiene que integrar la liberalización de los servicios y la distinción entre redes de servicios liberalizados: gas, electricidad y telecomunicaciones, y redes de servicios de abastecimiento de aguas y saneamiento mantenidas en el régimen de servicio público.
La propuesta legislativa está inducida por los exhaustivos datos que la autora ofrece de la doctrina académica, de la legislación básica y autonómica, incluida la doctrina constitucional, y el particular detalle de que hace objeto la jurisprudencia contencioso administrativa, completada con las incursiones que en este ámbito han realizado el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

Con independencia de los matices doctrinales propiciados por la dialéctica académica, predeterminada por la inexcusable obligación de alimentar el proceso de racionalización de categorías e instituciones jurídicas, la profesora Isabel González Ríos constata dos graves y transcendentes carencias jurídicas: la inexistencia de una autorizada doctrina jurisprudencial sobre las categorías conceptuales básicas de los bienes de dominio público local, y una inexplicable dicotomía en las previsiones de la legislación sectorial sobre los bienes de dominio público de nuestras Entidades locales.