Pretende ofrecer una panorámica exhaustiva y actualizada de la posición que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ocupan los partidos políticos en el ordenamiento español, que en esta materia tiene sus orígenes en la Ley de Asociaciones Políticas de 1976, derogada por la Ley de Partidos de 1978, a las que se unió en 1987 la Ley de financiación de los partidos políticos y la normativa reguladora de las elecciones y del desempeño de los cargos representativos. De todo ello ha surgido una rica casuística a la que ha dado respuesta el TC a través de una jurisprudencia de sumo interés y, en gran medida, ya consolidada. Toda esta doctrina es la que aquí se presenta de modo sistematizado, precedida de un estudio introductorio en el que se resume la posición constitucionalmente adecuada de los partidos políticos.