Esta obra llega en un momento de exaltación punitiva, donde la opinión pública reclama el endurecimiento de las penas y su cumplimiento íntegro, asistiendo en la actualidad a una especie de corriente a favor de una cierta legislación a la carta, proclive a girar el timón legislativo hacia el rumbo impuesto por los trágicos sucesos que saltan a los medios de comunicación cada día. La extraordinaria capilaridad de los medios de comunicación, los sistemas de feedback al alcance de la opinión pública, y las exiguas distancias que marcan las diferencias en el arco parlamentario, han propiciado un caldo de cultivo que favorece la existencia de iniciativas legislativas a golpe de alarma social, y en donde los jueces de vigilancia penitenciaria, los eternos olvidados, están teniendo un protagonismo del que nunca han gozado, pero por causas muy distintas a las que desearían: se encuentran en el punto de mira de la sociedad, al ser considerados responsables directos de muchas «excarcelaciones injustas».


En este entorno legislativo nace esta obra, que persigue arrojar un poco de luz sobre cuál es la situación actual y qué se puede hacer en el marco de la política criminal que rige en estos momentos y que se debate por encontrar la solución al difícil interrogante de cuál debe ser el objetivo primordial del sistema penitenciario de ejecución penal: la reinserción del condenado o recluso, o la preservación de los intereses de la víctima del delito.