La normativa socio-laboral se configura como una de las especialidades jurídicas que con mayor habitualidad e intensidad se presenta en el ámbito social con sus distintas y variadas modalidades de aplicación a empresas y trabajadores. En el ámbito socio-laboral confluye una variada y compleja normativa, con normas propiamente laborales en sus distintos niveles de fuentes de producción y jerarquía, con normas de Seguridad Social de muy distinto orden normativo, pero también con normas tributarias especialmente en las obligaciones empresariales de retención en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además de ese complejo sistemas de normas, la propia dinámica de las múltiples incidencias que se pueden producir en las situaciones ordinarias de la gestión socio-laboral hacen intervenir innumerables variables que es preciso abordar con sus respectivas especialidades, hechos y circunstancias que motivan la conveniencia, y en algunos casos verdadera necesidad de disponer de mecanismos de auto-control que permitan verificar el adecuado cumplimiento de toda esa compleja normativa. Estos mecanismos de auto-control, además de permitir garantizar el control de legalidad y la comprobación de que la gestión empresarial o profesional se realiza conforme a los principios de buena gestión, respondiendo a los parámetros de economía, eficacia y eficiencia, deben permitir prever el importante y cada vez mayor número de actuaciones de vigilancia y control desarrolladas por la Administración Pública competente a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la importancia y significación de estos procedimientos de vigilancia y control, con los correspondientes efectos sancionadores se acreditan al comprobar que durante el año 2008, el número de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social alcanzo la cifra de 1.047.977, con un importe de multa por sanciones de 292.058.858,69 euros, que afectaron a más de 93.000 empresas, teniendo en cuenta además que se formularon reclamaciones administrativas de expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social por un importe de 919. 314. 022 euros, cifras que indican la intensidad del control administrativo en el orden social y la relevancia del conjunto de responsabilidades económicas que pueden derivarse de dicho control, y ante ello la necesidad de adoptar medidas de control previo que permitan adoptar las medidas de gestión sociolaboral adecuadas para prever dichas responsabilidades.

* El programa tiene un servicio de mantenimiento que incluye, adaptaciones legales, nuevas ÁREAS DE RIESGO y mejoras de uso de interés general, siempre visadas por nuestro SUPERVISOR TÉCNICO LEGAL Sr. Antonio Benavides, Inspector de Trabajo y S. Social, este servicio se podrá contratar a través de correo electrónico (admon.@creinsa.com), tiene un costo anual de 190 euros más IVA, y las versiones se descargan a través de web desde el botón Actualizar el programa.