Disertar sobre los fundamentos que se encuentran en el Derecho comunitario para informar la tarea de elaboración del IS obliga a abordar materias muy diversas. En primer lugar y como cuestión preliminar, resulta necesario reflexionar sobre la medida en que el proceso de integración europea está rodeado de unos perfiles políticos capaces de afectar el ejercicio del poder tributario nacional. La puesta en común de responsabilidades de ordenación de la economía y de los mercados de los Estados miembros implica la capacidad para afectar las decisiones nacionales en el ámbito de la imposición sobre las empresas. Su debida comprensión obliga a conocer la naturaleza política de los Tratados, la de la Instituciones comunitarias y el sistema jurídico puesto en marcha.

En esta reflexión ha sido esencial considerar el papel que juegan los Derechos fundamentales, como elementos esenciales que legitiman y explican el alcance de las actuaciones comunitarias; para nuestro objeto resulta necesario también analizar la esencia de las libertades de circulación que se atribuyen a los ciudadanos europeos. En este contexto, se deben analizar las características de este nuevo ordenamiento, que aparece como un instrumento dirigido a servir los fines identificados. Sólo así es posible determinar su capacidad para incidir sobre los sistemas jurídicos nacionales y la forma en que lo hace. Estas ideas inspiran la parte preliminar de este trabajo. La práctica ha puesto de manifiesto que, a pesar de la ausencia de referencias explícitas en el TCE, en el mismo se encuentran principios y normas que inciden en las exacciones sobre la renta de sociedades.

La primera parte de esta obra se refiere a la no discriminación y a las libertades fundamentales como elementos estructurales para la configuración del mercado interior. Si quedaran sacrificados para mantener la vigencia de normas fiscales nacionales, resultaría imposible lograr el objetivo esencial de integración económica. Es necesario abordar su contenido: hasta dónde alcanza su ejercicio y cuál es la protección jurídica que ofrece a sus destinatarios. Sólo de esta forma averiguaremos qué papel les corresponde en el proceso legislativo interno para la elaboración del IS.

La segunda parte se corresponde con un área del ordenamiento comunitario capaz de afectar a las decisiones nacionales sobre elementos propios de la imposición. Los beneficios fiscales para las empresas quedan sujetos a control comunitario. El Derecho de competencia impone el cumplimiento de un trámite dirigido a analizar su incidencia sobre los intercambios comerciales. Es necesario, pues, ponderar la importancia del cumplimiento de los trámites formales establecidos y estudiar qué tipo de acciones y en qué medida son aceptables bajo esta óptica.

La tercera parte está dedicada a la coordinación y la armonización fiscal. Las tendencias de los últimos años obligan a considerar este proceso desde una doble perspectiva: el mercado interior puede dejar de funcionar tanto por la competencia fiscal en la que puedan entrar las jurisdicciones, como por la interacción de los sistemas tributarios, cuando generan limitaciones a las actividades intracomunitarias de los agentes económicos. La valoración de los resultados obtenidos permite conocer un nuevo ámbito de potestad comunitaria. También, las deficiencias a las que todavía es necesario ofrecer solución.

Las conclusiones finales quieren recoger la idea a la que invitan los razonamientos vertidos en los capítulos anteriores: la existencia de principios, valores y normas de Derecho comunitario, originario y derivado, que se constituyen en referencia para la labor del legislador nacional cuando procede a elaborar el IS.