Uno de los aspectos de mayor relevancia práctica de la promoción y protección de las inversiones extranjeras se refiere a los supuestos de expropiación, nacionalización y medidas de efecto equivalente a la expropiación. El carácter indeterminado del concepto de expropiación generalmente empleado en el Derecho internacional es fuente de complejas controversias que enfrentan a Estados e inversores extranjeros. En la actualidad, la mayoría de estas controversias se resuelven en sede arbitral. Así, el arbitraje se ha convertido en el método de resolución de diferencias generalizado en el sector, al presentarse como un mecanismo válido para superar las insuficiencias del esquema clásico construido sobre la competencia de los tribunales internos del Estado expropiante y el posterior ejercicio de la protección diplomática.

La dificultad de trazar una línea divisoria clara entre las expropiaciones indirectas y las medidas regulatorias legítimas del Estado que no requieren compensación, por una parte, y los simples incumplimientos de contrato, por otra, pone de manifiesto la importancia que adquiere la labor de los tribunales arbitrales en este ámbito. Las controversias afectan, cada vez más, a intereses públicos generales (de carácter impositivo, social, medioambiental o de salud pública, entre otros) que atañen a toda la sociedad. El arbitraje de inversión, por la trascendencia de sus decisiones, debe ajustarse a las exigencias que impone la ?nueva? realidad de la que se ocupa; a fin de cuentas, lo que está en juego no es ni más ni menos que la propia legitimidad del sistema.