Los beneficios y riesgos que, para las partes y para el tráfico jurídico, conlleva la aplicación de la ejecución provisional prevista en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, exigen delimitar, claramente, las resoluciones que podrán ser ejecutadas provisionalmente. Se trata de una cuestión no exenta de dificultad si se repara en que la exégesis de los preceptos reguladores de la ejecución provisional en la LEC no permite establecer con claridad cuáles sean dichas resoluciones, sin que tampoco pueda encontrarse un criterio doctrinal y jurisprudencial uniforme al respecto.

El objeto del presente trabajo estriba, precisamente, en delimitar qué tipo de resoluciones, y qué tipo de pronunciamientos en ellas contenidos, resultan susceptibles de ejecución provisional en nuestro proceso civil, poniendo de relieve los problemas suscitados por la falta de precisión del legislador al respecto.

Tales problemas, que debieran ser evitados en futuras reformas legales, no han sido resueltos por la reciente Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.