La parca regulación del proceso, monitorio, incorporado a nuestro Ordenamiento por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pero de honda raigambre en otros países, contrasta —quizás por ello— con la amplia problemática que suscita en la práctica este cauce procesal, elegido por el legislador para dispensar protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido de muchos justiciables, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños, por más que su cuantía se haya elevado considerablemente, pasando de cinco millones el máximo a doscientos cincuenta mil euros en la reforma introducida en el texto procesal por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

La obra se estructura en dos partes: en la primera se analizan, entre otras cuestiones, los caracteres y principios del proceso monitorio; su objeto, es decir, las deudas cuyo pago puede reclamarse a través del mismo, los requisitos que han de reunir y su documentación justificativa; la petición inicial, su admisión y el requerimiento de pago; el despacho de la ejecución; la oposición del deudor; la conexión entre el monitorio y los procesos declarativos, etc., dedicándose específica atención al procedimiento de reclamación del pago de gastos comunes o generales en el régimen de propiedad horizontal. La segunda parte incorpora numerosas resoluciones jurisdiccionales, cuidadosamente seleccionadas, en las que se recogen los criterios de los Tribunales en relación con los numerosos problemas que el monitorio plantea y sus soluciones, no siempre homogéneas.