Colección: Cuadernos Civitas

Como es sobradamente conocida la gravedad de la crisis económica y financiera que, de un tiempo a esta parte, venimos padeciendo, ha afectado de manera especialmente significativa a los bancos y a las Cajas de ahorro. El aumento de la morosidad y la entrega de activos inmobiliarios como pago de préstamos han condicionado, en buena medida, los resultados de las entidades de crédito. Ante este diagnóstico, el tratamiento a seguir resulta doble: de una parte, necesitan capitalizarse para asumir las pérdidas cuanto antes y fortalecer sus recursos propios; y, de otra, necesitan ser más eficientes todavía, para generar un mayor margen que ayude a la capitalización.

Dentro de los eventuales riesgos que afectan a la “bancarización” de las Cajas cabe aludir a la pérdida definitiva de la obra social. Ante esta situación se plantea la posibilidad de que varias Cajas pueden compartir un Sistema Institucional de Protección y crear un ente instrumental que gestione servicios comunes, manteniendo a tal efecto su marca “comercial” pero creando una estructura central común.

Estos Sistemas Institucionales de Protección constituyen una figura hasta fechas recientes poco conocida y que, de un tiempo a esta parte, ha pasado a convertirse en una alternativa a las fusiones como forma de integración entre entidades de crédito que permite acceder a los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).