Los poderes públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Constitución Española, deben dar impulso a políticas de discriminación positiva que garanticen una protección real y efectiva de las personas mayores, discapacitadas y dependientes, desde muy diversos ámbitos, a los efectos de que puedan ejercer los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico como cualquier otro ciudadano.

La protección de los poderes públicos hacia estos colectivos no sólo se limita a la adopción de políticas activas de protección social, sino que se ve complementada y/o afectada, de forma relevante en algunos casos, por políticas fiscales.

La trascendencia del fenómeno es innegable atendiendo al creciente número de ciudadanos que potencialmente pueden verse afectados por alguna/s de estas situaciones. La presente obra tiene por objeto, precisamente, realizar un análisis global de las situaciones de vejez, discapacidad y dependencia, desde la perspectiva tanto de protección social como de fiscalidad.