El pluralismo territorial ha sido clásicamente examinado desde una perspectiva orgánica, centrada en analizar las distintas estructuras jurídico-públicas de poder y el reparto competencial que unas y otras ejercen. Este enfoque ha sido utilizado tanto hacia el interior de los Estados (para explicar su estructura federal, regional o autonómica) como hacia el exterior (centrándose, entonces, fundamentalmente, en el análisis de la Unión Europea).

Sin embargo, en los últimos tiempos, ha surgido otra línea de trabajo, que sitúa, en el centro del debate, a la ciudadanía (o mejor dicho, a cada una de las ciudadanías: la estatal, la europea y la autonómica). No es que el pluralismo territorial no incidiera en el pasado en la posición jurídica de los ciudadanos ante el poder, sino que en la actualidad estamos asistiendo a una diversificación de la noción de ciudadanía porque ha aparecido, junto con la nacional, la ciudadanía europea y comienza ahora a desarrollarse un nuevo estatus, reconocido a quienes se encuentran territorialmente vinculados al territorio de las Comunidades Autónomas. Esta ciudadanía multinivel ha cobrado un gran impulso y nueva actualidad con las nuevas disposiciones de los Tratados de Lisboa y con la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía, normas que han recogido, en sus primeros títulos, detalladas tablas de derechos.