La actual coyuntura de crisis económica ha hecho cobrar mayor impulso a las acciones que los acreedores de una sociedad mercantil pueden dirigir contra sus administradores. Ante el impago de una factura o ante la insolvencia general de la empresa deudora, los acreedores sienten la necesidad de derivar sus reclamaciones contra otros patrimonios diferentes al de la propia sociedad, habida cuenta de la habitual insuficiencia del mismo para responder por la deuda contraída. El régimen de responsabilidad que nuestra legislación societaria contempla para los administradores es ciertamente severo, obligándoles a responder de forma personal cuando se aprecie que sus acciones u omisiones han sido determinantes para el impago de la deuda social. Sin embargo, la severidad del régimen sustantivo mercantil se ve a menudo coartada por los distintos obstáculos a los que el acreedor debe hacer frente, en el terreno procesal, para perseguir esa responsabilidad. Las dificultades para ejercer acumuladamente las acciones contra la sociedad y su administrador, con el consiguiente problema de peregrinaje jurisdiccional que su inadmisión conlleva, son una cuestión que sigue provocando a día de hoy contradicciones en los tribunales e insatisfacción en los justiciables.