El Derecho de la contratación pública ordena la relación de competencia entablada entre distintos operadores que quieren realizar una prestación requerida por la Administración. Para ello establece una serie de reglas procedimentales encaminada a asegurar la igualdad de armas y un clima de libre concurrencia. El incumplimiento de estas reglas no es infrecuente en la práctica. A pesar de ello, una característica de la contratación pública ha sido la ausencia de litigiosidad frente a las adjudicaciones. Ésta ha sido la tónica habitual en España. También en otros países de nuestro entorno, como Alemania. Esta situación se explica, en buena medida, por las escasas posibilidades de obtener una tutela verdaderamente eficaz. El Derecho europeo –consciente de esta situación perjudicial para el desarrollo del Mercado Interior– ha adoptado numerosas medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento de las normas de contratación pública. El resultado ha sido la consolidación a nivel nacional de nuevos modelos de tutela de los licitadores que deben someterse a las exigencias derivadas del Derecho europeo, de las Constituciones nacionales y del deber de coherencia propio de la construcción jurídica sistemática. En este contexto, el objetivo de esta obra es dotar de sentido al modelo de tutela de los licitadores diseñado por el legislador español en el marco más amplio de las exigencias de tutela del Estado de Derecho. Con esa finalidad se acude al Derecho comparado –principalmente alemán- y se tratan de identificar los problemas y disfunciones que plantea la interpretación de las nuevas normas de tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos.