La crisis económica ha multiplicado el número de empresas que acuden al «concurso de acreedores» —más de 20.000 en estos tres últimos años—. En consecuencia, el estudio de esta institución jurídica se convierte en un campo privilegiado para valorar la eficacia de nuestro Derecho a fin de facilitar la reestructuración del tejido productivo español, en beneficio de una amplia gama de intereses —acreedores, empresarios, trabajadores, empleo y, en general, del bienestar social—. Consciente de ello, la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal —en vigor desde el 1 de enero de 2012— introduce profundas novedades. Esta obra, ofrece un pionero estudio, teórico y práctico, de las mismas, centrándose en las cuestiones que más incidencia tienen en el ámbito laboral —regulación de empleo, créditos de los trabajadores, papel del FOGASA y de la Seguridad Social—. En este ámbito, el vuelco dado en la ordenación de los ERES por el RDL 3/2012, de 10 de febrero, que elimina la clásica «autorización administrativa» para la regulación de empleo, incide de un modo significativo, aunque indirecto, en los «ERES concursales» —con «autorización judicial»—, por lo que también se da cuenta del impacto de esta norma.

Pero también tienen cabida en esta obra otros aspectos de índole social, hoy de especial actualidad y trascendencia: «concursos de particulares» con sobreendeudamiento de buena fe, dación en pago de la vivienda, concursos de entidades deportivas, cuya inmensa deuda está en el ojo del huracán. De ahí que se incorpore un análisis del novísimo RDL 6/2012, de 9 de marzo y su «Código de Buenas Prácticas» de gestión de las deudas hipotecarias para intentar remediar, por la vía, siempre polémica y limitada, de la «responsabilidad social corporativa», el drama de centenares de miles de personas y familias españolas «sin recursos» y en «riesgo de exclusión social».