Los delitos de terrorismo han supuesto una continua preocupación para todos los países de nuestro entorno; preocupación que se ha visto reiteradamente plasmada en la normativa internacional y nacional. Una de las principales modificaciones en esta materia la supuso la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, de reforma del Código penal que, acogiendo los mandatos normativos de la Unión Europea, reforma completamente la regulación en materia de terrorismo que existía en nuestro país. Esta reforma no sólo se centra en incrementar e intensificar la presión penal y la respuesta punitiva de este tipo de conductas sino que, estructuralmente transforma todos los comportamientos que puedan ser constitutivos de delitos de terrorismo, ampliando su intervención hasta lo que se ha dado en denominar el "entorno" terrorista, con la clara finalidad de que no quede resquicio alguno que permita favorecer o facilitar la comisión de estos comportamientos, de sus autores o de sus organizaciones. El principal problema que se plantea a este respecto, en relación con la legitimidad del castigo de comportamientos que no constituyen en sí mismo atentados terroristas, pero que sirven para favorecer o facilitar los mismo, este trabajo se centra en el estudio de los distintos delitos de colaboración con organizaciones o grupos terroristas, así como el análisis de la legitimidad y eficacia de este tipo de normas. La cuestión esencia es si la utilización de medidas preventivas y securitarias que pudieran vulnerar los principios básicos de un Estado de Derecho, están o no justificadas en relación con el terrorismo, o si constituyen medidas más anacrónicas que eficaces.