Las Administraciones Públicas deben volver sus ojos hacía el pensamiento estratégico general que dimensione el personal que presta servicios en una Administración de forma conjunta y que, por tanto, conciba la plantilla con un concepto o una consideración general. La eficacia de las organizaciones exige, precisamente, esa visión de conjunto conforme a criterios comunes y sin prejuzgar con ello las soluciones ni las formas de ejecución que responderán al régimen jurídico de cada uno de los empleados públicos. Lo que es evidente es que no podemos confundir el diagnóstico con la medida terapéutica. Son cosas diferentes y, mientras el primero, puede ser común a todas las categorías de empleados públicos, el segundo está ligado a la naturaleza de la respectiva organización.

Esta referencia general, ordenada, reflexiva, proyectada en el tiempo y en el resto de instrumentos de ordenación de la función pública es la que nos hace volver los ojos a la utilidad y la necesidad de la planificación. Este objetivo estaba presente en la primera Edición y recobra, ahora, su actualidad y su verdadero sentido si se pone en relación con la necesidad de encontrar un sistema más profesional de gestión que esté en función de las necesidades de cada órgano administrativo y que legitime la presencia (y la retribución) del empleado público.