¿Están a salvo los abogados y sus clientes de la confidencialidad de sus conversaciones? Más en concreto, ¿de las mantenidas en espacios cerrados, como el locutorio de una prisión? ¿Estas pueden ser intervenidas? ¿En qué casos? ¿Están exentos los letrados de ser investigados o encausados por su contenido? ¿Cuáles son los derechos fundamentales afectados? ¿Qué dice al respecto la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Qué trascendencia tendrá la ilicitud de tales intervenciones? ¿Su nulidad afectará a las demás pruebas? ¿En qué momento procesal debe el Juzgador resolver tal controversia? Las respuestas a estas cuestiones y a otras conexas las encontrará en este trabajo, y, sobre todo, en la contestación que al respecto nos dan los Tribunales.