Dos preocupaciones mayores presiden este libro: la preocupación por el uso sistemático y masificado del poder normativo por la Administración contemporánea, que afecta ya muy gravemente a la vida social y al marco personal de desenvolvimiento humano; y, en segundo lugar, la conciencia de que un embridamiento de ese poder mortífero, y, no obstante, ya trivializado, no puede venir más que resaltando los poderes fiscalizadores del juez, pieza central de todo el sistema jurídico.

En el Prólogo de esta 3.ª edición el autor replica a ciertas objeciones surgidas en la doctrina constitucionalista, justificando la validez plena de las conclusiones de su estudio acerca del control judicial sobre los Reales Decretos legislativos después de la Constitución de 1978, con un análisis tanto de los términos de ésta como de la jurisprudencia, ya reiterada, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo (y recientemente de manera espectacular, al haber actuado los dos altos Tribunales sobre el mismo Texto Refundido de la Ley del Suelo casi simultáneamente), lo que parece que debe cerrar definitivamente el debate.