La conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral se configura no sólo como un derecho constitucional sino como un auténtico derecho fundamental por irradiación del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo en el que se subsume. Sin embargo, su regulación jurídica se ha caracterizado por ser asistemática y carecer de una formulación completa. En un intento por superar estos condicionantes, Tiempo de trabajo y vida privada acomete el completo diseño del derecho a la conciliación delimitando su contenido diferenciado aquellos elementos que forman parte de su núcleo esencial e indisponible de los que tienen carácter adicional o accesorio, y sus límites tanto en lo que se refiere al plano de actuación normativa, como en el ámbito de la relación de trabajo por la especial posición de subordinación de quienes son titulares de un contrato de trabajo frente a los poderes del empresario.

La flexibilización en la gestión del tiempo de trabajo se revela como un elemento esencial del derecho al equilibrio de la vida laboral y familiar. Desde esta perspectiva, se abordan los distintos aspectos que esta institución jurídico-laboral integra como son los relacionados con la ordenación y la organización del tiempo de trabajo, los permisos, las reducciones de jornada y las excedencias realizando a tal fin un análisis completo y actualizado conforme a las disposiciones normativas recientemente publicadas del derecho a la conciliación, poniendo especial énfasis en aquellas cuestiones más problemáticas en relación con su interpretación y aplicación y que han sido objeto de abundante jurisprudencia.

Este estudio monográfico de la ordenación jurídica del derecho a la conciliación y su proyección sobre el tiempo de trabajo se completa con la exposición de las distintas vías tanto judiciales como extrajudiciales de tutela del derecho, en especial, la modalidad procesal de tutela de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (art. 139 LRJS) y la garantía de indemnidad que ampara a las personas trabajadoras frente a posibles represalias empresariales derivadas del ejercicio de los derechos de conciliación.