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¿Puede ser más eficaz y garantista la investigación penal de un fiscal que la de un juez de instrucción? Esta es la cuestión que trata de dirimir esta obra.

En ella se hace un estudio riguroso sobre la realidad del proceso penal en nuestro país, se analizan datos estadísticos y se ofrecen opiniones doctrinales plurales que conducen a un panorama sombrío: la cronificación de la ineficiencia de un modelo basado en unas estructuras que ya no pueden ofrecer una adecuada respuesta a la criminalidad del siglo XXI.

Se trata de una de las primeras publicaciones que hace un análisis detallado de las reformas procesales del año 2015 y, más en concreto, de los arts. 284.2 y 324 LECrim, para constatar que no han servido para superar la dilación estructural del sistema de Justicia penal.

Y esto es así porque el problema es el sistema, como ponen de manifiesto los dos intentos de reforma integral de la LECrim que, desde gobiernos con distinto signo político, coinciden en lo esencial: atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal y reconvertir al juez de instrucción en un verdadero juez de garantías. En esta monografía se exponen las razones que permiten avanzar hacia ese sistema.

En el nuevo modelo que se propone el juez asume su verdadera posición como tercero imparcial en el marco de una controversia entre las partes. Y, en ese marco funcional, las defensas y las acusaciones podrán intervenir en la investigación del fiscal, sin merma alguna de su eficacia, y podrán acudir al juez de garantías para hacer valer sus pretensiones.

En definitiva, el sistema que se plantea en esta obra permite conjugar dos principios que sólo pueden ser considerados como complementarios: la eficacia y las garantías.