Es notorio que, al amparo de Internet, se ha desarrollado una forma más ágil para contratar alojamientos a través de las denominadas plataformas colaborativas como Airbnb, Homeaway, HomeExchange, Couchsurfing, etc. Algunas de ellas son propiamente un modelo de consumo de hospitalidad, mientras que otras parecen encajar mejor en un modelo de negocio similar al que se realiza por el sector reglado.

No obstante, la Comisión Europea en Una Agenda Europea para la economía colaborativa, los reconoce igualmente como “modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas, que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a manudo por particulares”.

Pese a ello, participar en tales modelos de negocio no siempre supone la consideración de estas plataformas como prestadores de servicios de alojamiento turísticos. Así, se confirma en la reciente sentencia del TJUE, de 19 de diciembre de 2019 (Asunto C390/18), en la que se reconoce a Airbnb como prestadora de un servicio de la sociedad de la información, aunque con condición se asemeja más a una categoría híbrida aun por afrontar.

Este modelo de negocio, acompasado, además por la renuncia del legislador estatal a darle amparo a través de la LAU, hace que debamos afrontar su regulación al abrigo del contrato de hospedaje o alojamiento como el propio de la actividad turística, peor he aquí que, la transformación socio económica unida al producto que se ofrece en estas plataformas obliga a su replanteamiento de tal suerte que, a la postre, parece encajar en dicha figura, pero como un servicio low cost.

Al análisis de la problemática de las plataformas de alojamiento, su naturaleza jurídica, los problemas de Derecho Privado que surgen en el ámbito de la ordenación autonómica y al propio contrato que les sirve de base, dedicamos las páginas de la presente monografía.