Entre los litigios derivados de la pandemia, sin duda, ocupan un lugar destacado los relacionados con el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración por los posibles errores en la gestión de la crisis sanitaria.

El COVID-19 está causando estragos en la salud de las personas, al tiempo que dejando huella en el mundo jurídico con multitud de incidencias que son totalmente nuevas. El profesional del derecho debe estar preparado para afrontar los nuevos retos surgidos de esta situación excepcional. Dentro de dichos retos adquiere especial preponderancia la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de la defectuosa gestión de la crisis sanitaria.

En la presente monografía se analiza si los profesionales (sanitarios, militares, policías, guardias civiles) afectados por el COVID-19 tienen derecho a ser indemnizados por el concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración o, antes bien, dado que cumplían un cometido relacionado con su puesto, puede considerarse que dicho riesgo les era inherente, careciendo en consecuencia del derecho a una reparación por ese título, al no ser antijurídico el perjuicio sufrido por tener el deber jurídico de soportarlo al haber asumido voluntariamente dichos trabajos.

La problemática que se examina en el libro pasa, en buena parte, por evaluar la normalidad o deficiencia en la prestación del servicio y, en su caso, por identificar si esta última es o no imputable al funcionario o servidor público.