Colección: Grandes Tratados

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales.

- Estudio crítico de las relaciones entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales tras la reforma por la LO 1/2015 del Código penal, el reciente Texto Refundido de la Ley Concursal y la próxima transposición de la Directiva 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas.

- Análisis interdisciplinar de la jurisprudencia más reciente dictada en sede concursal y penal y exposición de las propuestas interpretativas de las principales cláusulas valorativas de la regulación.

- Concreción de las conductas penalmente relevantes a través de un grupo de casos problemáticos e identificación de los excesos punitivos de la regulación.

Elena Gutiérrez Pérez es Profesora de Derecho penal. Universidad de Alicante

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las relaciones entre ambas infracciones delictivas. El legislador, a contracorriente de la interpretación jurisprudencial que venía excluyendo el castigo penal de la gestión indebida o irregular del propio patrimonio, ha tipificado conductas de esta clase. Esta decidida orientación punitiva, que alcanza incluso al deudor consumidor, propicia que comportamientos arriesgados o poco acertados realizados en situación de insolvencia puedan recibir una respuesta jurídicopenal. La incriminación de la imprudencia o la incorporación de cláusulas indeterminadas que colisionan con la seguridad jurídica, como la relativa a la justificación económica o empresarial, convierten a estos delitos en una fuente inagotable de dudas. Con el propósito de proporcionar una respuesta a estas y a otras cuestiones, esta obra ofrece, desde una perspectiva eminentemente práctica, las claves interpretativas necesarias para aproximarse a estas figuras delictivas. La autora, tomando como punto de partida las obligaciones del deudor en la legislación extrapenal, esboza un tronco común conformado por cuatro elementos esenciales: el bien jurídico, la naturaleza jurídica, el concepto de insolvencia y los espacios de riesgo permitido del deudor.