Colección: Estudios

La presente obra tiene como objeto realizar un análisis exhaustivo de la figura de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social con la finalidad de alcanzar tres objetivos principales. El primero es conocer en profundidad la historia centenaria de las mutuas: cómo surgieron, con qué objetivo, las diferentes normativas que les han ido afectando y el proceso de maduración histórica que han experimentado hasta la época actual. El segundo, clarificar y sistematizar el régimen jurídico vigente, analizando la normativa aplicable y referenciando las posibles modificaciones que pueden acontecer a corto plazo por la posible aprobación del Proyecto del Reglamento de Mutuas. Y, en tercer lugar, examinar el régimen legal de las prestaciones sanitarias y económicas a las que tienen derecho los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional en Italia a través del INAIL para así ofrecer una visión comparativa entre las regulaciones italiana y española. Alcanzados dichos objetivos principales, se pretende lograr un objetivo final: concluir sobre las principales vicisitudes que presenta la regulación actual de las mutuas y la forma de solucionarlas. Podrían formar parte de esta solución la elaboración de un nuevo Reglamento de Mutuas que simplifique y esclarezca la regulación actual, la instauración de un organismo único estatal especializado que gestione todas las prestaciones sanitarias y económicas derivadas de contingencias profesionales, como existe en Italia, así como la creación de órganos judiciales especializados en prestaciones de la Seguridad Social. En defecto de una normativa uniforme y actualizada, el panorama de incertidumbre es evidente, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley 35/2014 y sus numerosas remisiones a un Reglamento inexistente. De esta manera, se hace necesario acudir a regulaciones desfasadas mientras el venidero Reglamento de Mutuas no vea la luz. Así, es innegable que las mutuas se encuentran en una situación de inseguridad absoluta, no sólo por la dispersión y complejidad de su régimen jurídico, sino que también por la progresiva presión que los poderes públicos ejercen sobre las mismas, viendo mermadas sus cuentas anualmente por la gestión de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.