El presente libro tiene por objetivo visibilizar la problemática de grupos en situación de vulnerabilidad, en particular, de las personas privadas de libertad, los mayores de 60 años, las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y étnicos, los menores no acompañados, el colectivo LGBTIQ+ y las personas con discapacidad. Tras la irrupción de la pandemia de la COVID-19, que ha provocado una grave crisis, a nivel global, se ha acrecentado aún más la fragilidad de estos segmentos de la población y, en la actualidad, siguen siendo todavía discriminados, marginados y sus derechos conculcados. En la obra, los autores y las autoras, desde un enfoque multidisciplinar de los derechos humanos, el derecho internacional, el derecho constitucional y las relaciones internacionales, reflexionan y ayudan a entender esta realidad en diferentes zonas del mundo. Asimismo, en ese contexto, se presentan soluciones a los principales desafíos en el continente americano y europeo, no dejando de lado el asiático y el africano, que se recogen a lo largo de los 24 capítulos que recopila el libro. Estas cuestiones se han planteado, desde una óptica teórica y práctica, por académicos, investigadores y profesionales de organismos internacionales, como especialistas en los correspondientes ejes temáticos. El texto está organizado en tres bloques, con una perspectiva jurídica, económica, social y pedagógica. En primer lugar, se aborda el Desarrollo Humano y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en relación con los colectivos menos favorecidos de la sociedad, mientras que el segundo y tercer bloque están centrados en la protección y/o vulneración de sus derechos humanos, con especial referencia al impacto negativo de la COVID-19. En estos momentos, el mundo está cambiando. De hecho, la pandemia ha reactivado reflejos cooperativos frente a uno de los peores desafíos a los que se enfrenta la humanidad, impulsando a la Comunidad Internacional y los Estados a instaurar una nueva hoja de ruta, replanteando el establecimiento de políticas públicas, que permitan proteger y empoderar a los sectores sociales más vulnerables. En definitiva, invocamos a esa necesaria cooperación entre el Estado, como responsable máximo de la protección de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y las comunidades más débiles de los países para aportar soluciones a sus necesidades, en sintonía con el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla, que: todos y todas gozamos de derechos y libertades, sin ningún tipo de discriminación ni distinción alguna de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.