La imperfecta protección que el ordenamiento jurídico ha otorgado tradicionalmente a los empleados de hogar puede considerarse como uno de los déficits históricos de nuestro modelo de relaciones laborales. Desde hace décadas, la doctrina iuslaboralista ha venido reclamando la necesidad de garantizar a los trabajadores domésticos unos derechos sociales que, con las debidas acomodaciones, resulten equiparables a los del resto de trabajadores por cuenta ajena. Esta reivindicación homogeneizadora ha sido acogida por diferentes normas orientadas a dignificar y profesionalizar la relación laboral de los trabajadores domésticos, al mismo tiempo que a combatir el alto nivel de empleo informal existente en el sector. En este contexto debe situarse el RDL 16/2022, norma reformista que está llamada a configurarse como un auténtico punto de inflexión en el tratamiento jurídico del trabajo doméstico. Su trascendencia se extiende de forma global a algunas de las principales instituciones jurídicas de nuestro sistema de relaciones laborales, abarcando aspectos propios del ámbito del derecho del trabajo stricto sensu, del derecho de la seguridad social y del derecho de la prevención de riesgos laborales. A examinar el alcance y significado jurídico de las reformas operadas se dedica la presente obra.

Guillermo García González. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Internacional de La Rioja. Académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Director del Grupo de Investigación (TR3S-i (trabajo líquido y riesgos emergentes en la sociedad de la información).