Ante el reto de la inmigración proyectan sus competencias legislativas, así como sus estrategias públicas distintas administraciones: la Unión Europea, el Estado y las regiones, o en el caso de España, las Comunidades Autónomas. En la actualidad, resulta difícil reflexionar sobre inmigración sin tener en cuenta las competencias y funciones a desarrollar por estos entes infraestatales, al conocer mejor que otra administración pública las demandas del colectivo inmigrante en aras a una integración con éxito en la nueva sociedad de acogida.

Este estudio se mueve en una doble coordenada: por un lado, atiende a una perspectiva de Derecho comparado que intenta contrastar las competencias y actuaciones llevadas a cabo por países con una mayor experiencia migratoria —como sería Francia o Bélgica—, con otros donde el fenómeno es más reciente en el tiempo —como es el caso de España o Italia—. Y, por otro lado, sobre la base que la Unión Europea debe proporcionar el marco jurídico y legislativo general de las políticas de integración, se intenta determinar el grado de convergencia de las estrategias regionales con los parámetros y pautas fijadas a nivel europeo