El régimen jurídico de la inmigración se ha confi gurado en todos los Estados occidentales sobre la base de la distinción nacional-extranjero, considerando que el extranjero tiene unos derechos mínimos como persona pero la mayoría de los derechos, y entre ellos todos los colectivos o que correspondían al gobierno de la comunidad, sólo eran del ciudadano-nacional, términos que han llegado a ser sinónimos.
En los países construidos sobre la propia inmigración, como Estados Unidos, Australia o Canadá la dicotomía no suponía la exclusión de una parte importante de los habitantes por la amplitud de las leyes de nacionalidad tanto otorgada tras unos años de residencia como por nacimiento en el país pero en los Estados antiguos de Europa siguió predominando el ius sanguinis y la separación entre nacionales y extranjeros se mantuvo, con la exclusión de los últimos.