En el presente libro se examina la posibilidad, desde una perspectiva constitucional y a partir de la situación actual, de que las comunidades autónomas puedan alcanzar un mayor grado de participación en el ámbito de la Justicia.

En primer lugar, se destacan los caracteres más importantes del Estado de las Autonomías, que resultan imprescindibles para enmarcar en él el Poder Judicial. Seguidamente, se estudian los rasgos esenciales de este poder del Estado haciendo una específica referencia a la imparcialidad, a la independencia y a la unidad jurisdiccional.

A continuación se tratan aquellos subámbitos de la Administración de Justicia en los que las comunidades autónomas ostentan o podrían atribuirse competencias. Así se hace referencia al gobierno del Poder Judicial y se plantea la posibilidad de crear unos consejos territoriales o delegaciones territoriales del Consejo General del Poder Judicial con participación autonómica. También se analizan, desde un prisma autonómico, una serie de cuestiones referentes a las competencias de gestión de los medios personales y materiales precisos para el buen funcionamiento de la Justicia y que se engloban en la expresión "administración de la Administración de Justicia" y se estudian las competencias autonómicas sobre la Demarcación y Planta Judicial ex artículo 152.1 CE. Asimismo, y como reflejo de la adaptación del Poder Judicial a la nueva división territorial del Estado, se examinan los tribunales Superiores de Justicia, en tanto que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, así como su relación de subordinación respecto del Tribunal Supremo.

También se hace referencia al funcionamiento de los Tribunales Superiores y al agotamiento en ellos de las instancias procesales, y se detalla esta cuestión desde la óptica de los diversos órdenes jurisdiccionales que son de su competencia, con especial referencia al recurso de casación.

Finalmente se dedica la última parte al régimen de cooficialidad lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia, por afectar esta cuestión tanto a sus aspectos organizativos como de funcionamiento y por tener atribuidas las comunidades autónomas en materia lingüística importantes competencias.